Las semillas y la tecnología, en el centro de la escena

Por Eugenia Bustamante, abogada y profesora en la UCA y la Universidad Austral.

En estos días se está tratando en el Congreso Nacional de Argentina la modificación de la ley de semillas. Para comprender la necesidad de esta reforma, es preciso conocer las dificultades de la legislación vigente.

El pago de regalías por las semillas tomó estado público a partir de la decisión de Monsanto de hacer análisis en los puertos para verificar si la soja que se embarcaba tenía el gen resistente a insectos lepidópteros y el tolerante a herbicida (glifosato), denominado comercialmente Intacta RR2 PRO; con el fin de cobrar el canon por esa tecnología a los productores que no habían pagado por la misma. En realidad, este hecho abrió la discusión sobre el tema central del comercio legal de semillas, lo cual incluye el reconocimiento de la propiedad intelectual mediante el pago de regalías e involucra a toda la industria semillera, donde hay empresas nacionales y extranjeras e instituciones oficiales como el INTA.

La cuestión de la propiedad intelectual se plantea con relación a las especies autógamas, como la soja o el trigo, en las cuales el grano cosechado es genéticamente idéntico a la semilla sembrada, y por lo tanto puede resembrarse sin necesidad de adquirir nuevas semillas en cada campaña. Esta práctica, conocida como “uso propio” refiere a la costumbre de los productores de reservar parte de la semilla cosechada para resembrarla, partiendo de que la misma es de su propiedad porque ya pagaron por ella.

Sin embargo, por los avances científicos, la semilla que se comercializa actualmente es el resultado de la investigación e inversión de empresas que realizan el mejoramiento vegetal. La semilla en sí misma es un soporte físico que contiene un conjunto de tecnologías generado por profesionales especializados, y el agricultor es un usuario de ese paquete tecnológico, y si lo usa sucesivamente está reproduciendo tecnología desarrollada por otros.

La normativa vigente sobre semillas está integrada por la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, su Decreto Reglamentario 2183/91 y los convenios internacionales aprobados por nuestro país: Convenio UPOV ‘78 (Ley 24.376) y Acuerdo ADPIC (Ley 24.425). La ley 20.247 fue sancionada en 1973 y es anterior al desarrollo de la biotecnología, por eso resguarda la propiedad intelectual de quien llevó a cabo la investigación y desarrolló una nueva variedad vegetal con el nombre de una categoría especial: el “derecho del obtentor” que protege el germoplasma. Los obtentores son quienes desarrollan una variedad, que debe ser nueva, distinguible de otras existentes, y con características estables y homogéneas a través de generaciones sucesivas. La ley protege su invención otorgándoles el derecho exclusivo de explotación por veinte años.

A su vez, la ley contempla el “derecho del agricultor” como excepción a ese derecho de propiedad, permitiéndoles a los productores reservar y sembrar las semillas para su propio uso. Tal como está redactada la ley, la excepción del agricultor no tiene ningún tipo de límites: es para todas las especies vegetales y clases de agricultores, no hay límites respecto a la cantidad de semillas que se puede reservar ni de la cantidad de veces que se puede resembrar, y no se establece la obligación de pagar contraprestación alguna, o sea de pagar regalías.

Con una excepción tan amplia, el derecho del obtentor queda desdibujado. Por eso, estando pendiente la reforma de la ley, el derecho del agricultor ha sido acotado mediante resoluciones del INASE. Así, la resolución 187/2015 obliga a los productores a presentar declaración jurada sobre el origen legal de la semilla y a informar la semilla reservada para la siguiente campaña. Se busca evitar el comercio ilegal de semillas que se produce cuando no se conoce la procedencia, mediante la llamada “bolsa blanca” que carece del rótulo de identificación correspondiente en las especies de fiscalización obligatoria: soja, trigo, algodón, cebada cervecera, girasol, maíz, sorgo uranífero, papa y zapallito.

Dado que no surge de la ley, el deber de pagar regalías es contractual, lo cual significa que se genera en la celebración del contrato de compraventa de semillas, donde el comprador cuando adquiere ciertas variedades acepta tácitamente que abonará regalías en caso de resiembra.

Al mejoramiento convencional protegido por el derecho del obtentor, se agrega el patentamiento de genes incorporados a las semillas mediante transgénesis al que se le aplica la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Mediante patentes se registran desarrollos biotecnológicos hechos por el hombre, invenciones o construcciones genéticas realizadas en laboratorio, ya que no son patentables la materia viva y el material biológico y genético existentes en la naturaleza.

El desarrollo de una patente de un cultivo transgénico es un proceso que lleva años, y para que se apruebe su comercialización intervienen tres organismos reguladores que evalúan previo a autorizar la liberación de su cultivo, el posible impacto ambiental y los efectos en el mercado nacional e internacional; también se estudia la seguridad alimentaria del ogm y de sus subproductos antes de autorizar su consumo humano y animal.

Algunas empresas desarrollan una patente, y luego celebran un contrato de licencia con otras semilleras por el que autorizan a ejercer todos o algunos derechos que se derivan de esa patente.

Por lo tanto, cuando el agricultor compra semilla, es posible que coexistan en la misma dos derechos de propiedad intelectual diferentes: 1) El derecho del obtentor que corresponde al fitomejorador que desarrolló la variedad y 2) El derecho del inventor de uno o más genes registrados en patentes. En estos supuestos el productor debe pagar respecto del primero, las regalías a la empresa que le vendió la semilla de su marca, en virtud del contrato de compraventa con la cláusula de regalías extendidas. Además, debe pagar el canon tecnológico a la empresa titular de la patente del gen.

Ante la pregunta si el productor siempre deberá pagar regalías, la respuesta depende de la semilla que elija.

Hay variedades que están liberadas al comercio porque caducó el derecho por el paso del tiempo, o en otros casos como el de la patente de soja RR1, que como no se registró en nuestro país nunca se pagó canon por ese gen resistente a glifosato.

Teniendo en cuenta que la semilla es un insumo esencial en agricultura, el productor deberá pagar cuando elija la semilla con la última tecnología para lograr el máximo rendimiento. La exclusividad en la explotación económica de una invención que se reconoce al desarrollador, en este caso el cobro de regalías y el canon por biotecnología, es el incentivo para estimular la innovación y la investigación permanentes lo cual beneficia a los productores y es imprescindible para el avance de la ciencia.

Es por ello que hoy no se discute el cobro de regalías, sobre lo que hay diferencias es respecto de la cantidad que debe pagar el productor y la forma de realizarlo. Al respecto, la Resolución 207/2016 de INASE deja sentado que será éste organismo quien tendrá a su cargo la fiscalización del comercio, y que las empresas en forma privada no pueden controlar ni sancionar los incumplimientos.

La futura ley deberá unificar el cobro de regalías cuando la semilla tenga además incorporada biotecnología patentada por otra empresa mediante un sistema que sea sencillo para el productor y fácil de auditar; que armonice los derechos de todos los participantes en la producción agrícola con el fin de terminar con el comercio ilegal de semillas.

Artículo original en Clarín

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